29 octubre 2012

La ONU advierte de que la reforma constitucional en Colombia podría dar impunidad a soldados y policías




Once expertos de Derechos Humanos de la ONU han solicitado al Gobierno y al Congreso de Colombia que reconsideren la propuesta de reforma de la Constitución del país en lo relativo al fuero penal militar, ya que advierten de que si sale adelante, daría "impunidad" a las violaciones de los derechos fundamentales cometidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad.

"De aprobarse esta reforma, se perjudicaría seriamente la administración de la justicia para casos de presuntas violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluidos los crímenes graves, por parte de las fuerzas militares o de la Policía", afirman los expertos de Naciones Unidas en una carta abierta hecha pública este lunes.

"Esta reforma representaría un retroceso histórico en los avances del Estado colombiano en la lucha contra la impunidad y el respeto y garantía de los Derechos Humanos", advierten los expertos, subrayando que con ello se "enviaría un mensaje equivocado a los miembros de la fuerza pública sobre las consecuencias de participar en la comisión de violaciones a los Derechos Humanos".

En particular, según informa la ONU en un comunicado, los expertos toman nota en su misiva de que la reforma prevé que los crímenes de genocidio, lesa humanidad y desapariciones forzadas queden excluidos de la competencia de tribunales militares o policiales.

COMPETENCIA DE TRIBUNALES MILITARES

No obstante, expresan su preocupación debido a que los cambios propuestos ampliarían la competencia de estos tribunales, otorgándoles poder para investigar, procesar y decidir sobre casos de otras violaciones serias de los Derechos Humanos que también deberían estar bajo la autoridad del sistema y las cortes ordinarias de justicia penal.

Entre estas violaciones enumeran los crímenes de guerra; la violencia sexual; las ejecuciones extrajudiciales; el reclutamiento y uso de menores; la detención arbitraria; la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes; y otras violaciones como los atentados contra la integridad corporal y las mutilaciones; la toma de rehenes; los atentados contra la dignidad personal, incluidos los tratos humillantes; así como la obligación de tratar con humanidad a los que no participen directamente en las hostilidades. También podrían tener competencia para conocer delitos cometidos por fuerzas de seguridad privadas.

"Nos preocupa mucho que esta propuesta de reforma constitucional intente permitir que las instituciones de la justicia penal militar o policial sean las primeras en determinar si existe indicio de algunos de estos delitos", subrayan los expertos.

"Estamos particularmente preocupados por el impacto que tendría al ser la fase de investigación preliminar fundamental para el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades, incluyendo los criterios específicos que definen si los hechos sugieren la comisión de crímenes de lesa humanidad o de genocidio", añaden.

TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES

Así las cosas, avisan de que el establecimiento de un Tribunal de Garantías Penales para tratar con cualquier acusación contra un miembro de las fuerzas de seguridad sugeriría que el acusado estaría recibiendo un trato preferente, lo cual podría generar un clima de impunidad.

También consideran que este tribunal, entre otras cosas, examinaría casos exclusivamente relacionados con el personal militar o policial, supondría la existencia de un sistema paralelo de administración de la justicia y violaría el principio de igualdad en el acceso a la justicia para todos los individuos, atentando así contra el Estado de Derecho.

"Nos preocupa especialmente el tratamiento de las denuncias relativas a violaciones de Derechos Humanos contra población civil, incluyendo a defensores y defensoras de los Derechos Humanos y otros miembros de la sociedad civil, periodistas y otras personas en situación de especial vulnerabilidad y riesgo", explican.

Por último, los expertos de Naciones Unidas ofrecen su asesoría para que se desarrollen las medidas necesarias para lograr un marco constitucional y legislativo que refuerce la lucha contra la impunidad y la consecución de la paz en Colombia.

FIRMANTES

La misiva la firman Christof Heyns, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; El Hadji Malick Sow, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Faiza Patel, presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los Derechos Humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación; y Frank La Rue, relator especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Asimismo, la suscriben Gabriela Knaul, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados; Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes:

Kamala Chandrakirana, presidente del Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; y Maina Kiai, relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

La carta también la firman Margaret Sekaggya, relatora especial sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos; Olivier de Frouville, presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; y Rashida Manjoo, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias.


FUENTE:
Europa Press
Foto: Reuters

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